Preguntas y Respuestas sobre Caza – CONSULTA LEGAL RIM

Esta sección está desarrollada y gestionada por nuestros socios RIM, cazadores y colaboradores D. Ángel María Vadillo y D. Álvaro Contreras Cabello, todos ellos expertos abogados cinegéticos que, en colaboración con Real Ibérica de Monteros, puede representarles y ayudarles a cursar cualquier tema que tengan que afrontar o que esté pendiente de resolución legal

Estamos a su disposición

 

FEBRERO 2017

CONSULTA LEGAL – Sanción por tener arma cargada durante una batida

PREGUNTA

Este sábado día 28 de enero 2017, dos agentes se meten en una batida organizada y empiezan a sancionar a la gente mientras cazan, alegando que los cazadores llevamos en su presencia el arma cargada. Mi pregunta es: ¿Ellos pueden denunciar durante la batida sí o no?  El hecho de estar en una montería ¿no compromete su propia seguridad? Deberían hacerlo antes o después de cazar pero nunca durante, ¿no? Gracias de antemano

RESPUESTA

¿Los agentes pueden multar una vez haya empezado la batida? SÍ, siendo responsabilidad suya la de haberse metido en mitad del monte mientras se caza y acatando los riesgos de adentrarse en una zona de fuego abierto.

Consejo: Como prima su forma de interpretar los hechos frente a los nuestros, es mejor callarse y acatar sus órdenes.

En cuanto al hecho de que sancionen alegando que los cazadores llevan las armas cargadas, EL REGLAMENTO DE ARMAS dice que hay que DESCARGAR EL ARMA en presencia de AGENTES DE LA LEY pero también pueden alegar que se está realizando una operación de riesgo en su presencia y multar por descargar, por eso es aconsejable tener la precaución de avisar que se va a descargar el arma y hacerlo con el arma dirigida donde no haya peligro.

D. Álvaro Contreras Cabello
Abogado Cinegético

SEPTIEMBRE 2016

CONSULTA LEGAL – Nota sobre admisión en Sociedad de Cazadores

Se plantea al letrado que suscribe la situación provocada tras la petición formulada a una sociedad de cazadores de la Comunidad Valenciana por parte de un señor que, según su información, hace ya veinticinco años, por motivos que no vienen al caso, fue encontrando cazando en terrenos del coto que gestiona la citada sociedad de cazadores sin la debida autorización., y que a día de hoy pretende ser socio de dicha sociedad.

En principio, este señor procedió a tramitar su solicitud (nos consta que lo ha hecho igualmente en otras ocasiones anteriores y con el mismo resultado en la práctica) de admisión como socio, de la que ha obtenido una rotunda negativa por parte de dicha sociedad.

Pues bien, tras analizar los estatutos sociales de dicha entidad, no queda por menos que estimar ajustada a derecho la pretensión del citado señor, toda vez que, mal que le pese a los socios de dicha sociedad de cazadores, sus estatutos sociales NO ESTABLECEN UN CRITERIO EN SU ARTICULADO ACERCA DE QUÉ CONDICIONES HAN DE REUNIR AQUELLOS QUE PRETENDAN ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOCIO.

En concreto, y dado que le consta más que de sobra a nuestro cazador que el motivo último de la denegación no es otro que aquella actuación irregular (vamos a calificarla de esta forma dado que no tenemos más información de aquel suceso), como se suele decir, de “boquilla”, la Junta Directiva de dicha asociación no ha cumplido en modo alguno con lo previsto en los estatutos sociales en el artículo correspondiente a la “capacidad” de los socios: en dicho precepto se establece que el “aspirante” deberá presentar una solicitud por escrito al órgano de representación, cosa que nos consta se ha efectuado en tiempo y forma, y en este caso, el órgano de representación que no es otro que la Junta Directiva, dentro de sus facultades ostenta la de resolver sobre la admisión de nuevos asociados, procedió a comunicarle que la asamblea no había admitido su petición, pero no indicó el motivo o motivos de dicha decisión, haciendo constar en el escrito de respuesta que por votación de los socios asistentes a la asamblea de socios se había decidido en el sentido de su inadmisión, a la vez que le indicaban que las solicitudes de otros aspirantes si habían tenido acogida, y por tanto, ya eran socios de pleno derecho de la asociación.

Pues bien, analizado el contenido de los estatutos, puede advertirse, amén de estar ajustados a la normativa vigente (se diría a la vista de los mismos que es un mero “corta pega” del modelo que en este caso se facilita por la administración competente en aras a procurar “que pasen sin incidencias” el posible control administrativo y se registren rápido), que caen en una evidente falta de previsión sobre regulación de la admisión de nuevos socios, circunstancia que es bastante común en estos casos cuando se escoge el camino más corto y sencillo a la hora de regular una asociación.

El artículo sexto de los citados estatutos expresamente señala:

“… Podrán formar parte de la Asociación de Cazadores aquellas personas con capacidad de obrar que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación…”.

Ni que decir tiene que este señor cumple más que de sobra tales requisitos a día de hoy, pero el nudo gordiano de la consulta salta a la palestra a continuación con la redacción del dicho artículo:

“… Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación, y éste resolverá en la primera reunión que se celebre; SI EL SOLICITANTE SE AJUSTA A LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTATUTOS, EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN NO LE PODRÁ DENEGAR LA ADMISIÓN…”.

Y, por mucho que le he dado vueltas a los estatutos, por mucho que los he leído de cabo a rabo y los he sacudido literalmente, ningún artículo recoge cuáles son las condiciones exigidas para ser socio, amén de las ya mencionadas anteriormente, esto es, tener capacidad de obrar, actuar libre y voluntariamente a la hora de registrar su petición, y cómo no, tener interés en el desarrollo de los fines de la asociación. Insisto, quien formula la consulta cumple a rajatabla con tales previsiones, luego, queramos o no, ante tal indefinición y falta de previsión estatutaria, cualquiera en términos generales, por el mero hecho de solicitar su ingreso, debe ser admitido cumpliendo esas mínimas previsiones.

Luego, mal que le pese a la Junta Directiva, su decisión de inadmisión INCUMPLE los estatutos sociales, dado que no especifica el motivo de la misma, ya que, queramos o no, no existe un catálogo previo elaborado por la asociación a modo de filtro para estos casos. Luego, nuestro cazador, al que aconsejo requerir por escrito y de forma fehaciente a la Junta Directiva para que aclare su decisión y “recapacite” sobre la misma, de no estimarse su petición, puede acudir a la vía arbitral prevista en los propios estatutos sociales para dirimir esta cuestión, con arreglo a lo previsto a su vez en la Ley 60/2.003 y en la Ley 5/2.012 de 6 de Julio, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.

D. Álvaro Contreras Cabello
Abogado Cinegético

AGOSTO 2016

CONSULTA LEGAL – Multa por cazar aves fuera de temporada

PREGUNTA

Muy buenas, acaban de denunciarme por cazar dos tórtolas y una paloma cuando sólo me vio recoger una tórtola.

Hoy se podía cazar en Catarroja (Valencia) sólo al gorrión y por lo tanto, la paloma es ave no permitida. Me han quitado la escopeta y me han dicho que ya me llegará la denuncia a casa.

¿Saben a cuánto ascenderá la multa y si podía haberme negado a firmarla al haber puesto más piezas de las que realmente recogí?

Gracias

RESPUESTA

A priori no se puede saber el importe ni la gravedad de la multa. Efectivamente, podría haberse negado a firmar la notificación, pero en cualquier caso la firma sólo acredita que ha sido informado y que va a recibir la multa. Su firma no significa que usted esté conforme con ella, en ningún caso.

Le sugiero que, una vez tenga en su poder la denuncia, nos la haga llegar para que podamos aconsejarle y guiarle de mejor manera, viendo de qué se le acusa y valorando cómo proceder en función del contenido de la demanda.

D. Ángel Mª Vadillo
Abogado en Derecho Cinegético

MAYO 2016

CONSULTA LEGAL – Votaciones para Presidente de una Sociedad de Cazadores y uso del voto representativo

PREGUNTA

Buenas tardes,

En la sociedad de cazadores a la que pertenezco hay proceso electoral para elección a Presidente y quisiera saber si es válido el voto representativo o delegado. En los estatutos de dicha sociedad no se menciona en nada a este tipo de voto, pero lo que sí dice es que las votaciones se efectuarán mediante sufragio libre, directo y secreto de los miembros de la asamblea con derecho a voto.

Gracias de antemano,

Un saludo

RESPUESTA

BREVE INFORME SOBRE POSIBILIDAD DE DELEGACIÓN DE VOTO EN SUPUESTO DE NO DETERMINARSE LA MISMA EN LOS ESTATUTOS DE UNA ASOCIACIÓN.

Primero.- Entiende este Letrado, salvo mejor criterio (y con las debidas prevenciones habida cuenta que no ha examinado el contenido de los Estatutos de la Asociación o Sociedad de Cazadores en particular) que, si los Estatutos nada dicen y nada prohíben expresamente a propósito del voto por representación, deberá estarse a lo que la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación, dice y admite, y es claro que la citada ley permite el voto delegado, por lo que no es preciso que los Estatutos vengan a reconocer un derecho ya previsto y establecido legalmente y no proscrito específicamente por los Estatutos. Cumple por consiguiente examinar, primero, si efectivamente la Ley Orgánica 1/2002 permite el voto delegado y, después, comprobar si los Estatutos de la Sociedad de Cazadores prohíben ese tipo de voto.

Ocurre que la Ley Orgánica 1/2002 no contiene un precepto específicamente dedicado a regular la asistencia por representación, al modo que lo hace, por ejemplo, la vigente Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1 /2010). El reconocimiento de la representación está, sin embargo, implícito en inequívocas expresiones del texto legal. En efecto, el art. 12 de la Ley 1/2002, que regula el régimen interno de las asociaciones y allí trata del funcionamiento de las Asambleas, dice en el apartado c) que será válida su constitución si concurren a la reunión, presentes o representados, un tercio de los asociados; y en el siguiente apartado d) se añade que los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.

Tan claro y elocuente texto legal no debe sino llevar a entender que incontestablemente se está admitiendo, como propio del régimen legal y ordinario, el voto por representación, en plano de equivalencia con el voto del socio presente, sin otro límite o salvedad que la disposición en contrario de los Estatutos, como resulta del inciso primero del mismo art. 12 (“si los estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las asociaciones será el siguiente”).

Por consiguiente, y según adelantamos, si la ley reconoce y concibe como propio del régimen legal el derecho de representación, su existencia no puede depender de un nuevo reconocimiento estatutario; aquel derecho existe ex lege y es anterior a una eventual incorporación a los Estatutos; no son estos sino la ley la que da carta de naturaleza al derecho de representación en las asambleas.

Precisamente lo que habría de quedar deferido al contenido estatutario es la exclusión del voto delegado, pues, como hemos visto, la regulación que el art. 12 da al régimen interno lo es en defecto de que los Estatutos lo dispongan de otro modo, lo que en este caso, como luego veremos, no ocurre. El silencio de los Estatutos no equivale a prohibición, pues el texto legal autorizante del voto delegado no puede tenerse por desvirtuado por un silencio estatutario. De ahí que estime este Letrado que la expresión legal “si los Estatutos no lo disponen de otro modo“, supone que la exclusión de lo que el precepto contempla requiere una expresa disposición estatuaria; el silencio, la inexistencia de específica previsión, determina una aplicación supletoria de lo que la ley admite y dice, no su prohibición.

Segundo.- La conclusión de lo anteriormente expuesto ya ha quedado apuntado líneas atrás: allí donde los Estatutos guardan silencio, hay que acudir a la Ley; por tanto, no prohibido de modo expreso el voto delegado en los Estatutos, debe prevalecer como derecho reconocido y amparado por la ley. Es más, el art. 12 de la L.O. 1/2002 contiene una repertorio de reglas relativas al régimen interno, que serán de aplicación supletoria en aquello que los estatutos no prevean.

Ha de añadirse a lo ya expuesto que todo criterio limitativo o restrictivo sobre un derecho de progenie legal no excluido ni prohibido específicamente por vía estatutaria, sería contrario al sentido y evolución de la legislación societaria favorecedora del derecho de representación.

Sirva, a modo de ejemplo, el contenido de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 6ª, Sentencia de fecha 16 de Marzo de 2.011, nº 254/2011, rec. 3103/2009, dictada en un supuesto similar al que hoy nos ocupa (en relación a un club deportivo).

D. Álvaro Contreras Cabello
Abogado Jurídico

MARZO 2016

CONSULTA LEGAL – Uniformes de guardería rural

PREGUNTA
Buenas tardes,
Soy guarda rural que desempeña su cometido en una cofradía gallega y me gustaría asesorarme sobre el siguiente asunto.

¿Está la empresa contratante de servicios de guardería obligada a facilitar la dotación de uniformidad y medios de defensa a su personal?

Claramente viene reflejado en el convenio de seguridad privada la obligación en el caso de empresas de seguridad pero, ¿en el caso de las cofradías y cotos así como otras entidades que contratan servicios de guardería con relación laboral, es obligatorio también?

Gracias

RESPUESTA

En mi opinión, puesto que el guarda está contratado por una empresa mediante un contrato laboral y cotización a la seguridad social, está amparado por la ley de protección de riesgos laborales. Dicha ley obliga al empleador a facilitar cuantos medios de seguridad estén a su alcance para proporcionárselos a los trabajadores para la realización de su cometido.

Yo no entro en si tiene que ir uniformado o no, es decir, con anagrama oscuro que identifique como guardia de seguridad pero desde luego, a mi juicio el jefe sí debería proporcionar a su empleado unos pantalones antiespinos, unos guantes y unas botas.

D. Fernando García Puertas
Abogado Jurídico Cinegético Madrid

FEBRERO 2016

CONSULTA LEGAL – Custodiar las armas sin permiso

PREGUNTA

Buenas tardes,

Encontrándome con mi hijo en una montería, apareció un forestal cuando me encontraba un poco retirado por necesidades fisiológicas. Mi hijo custodiaba en ese momento mi rifle, sujetándolo entre sus manos. Al pedir la documentación, la mía estaba toda en regla, pero el forestal decía que era mi hijo el que tenía el rifle en ese momento y que, al no tener autorización de ningún tipo, procedía a denunciarle y a decomisarme el rifle y la guía del mismo.

La comunidad es Castilla-León y la localidad de la montería Iruecha (Soria). El rifle se encuentra en la Guardia Civil de Almazán (Soria). ¿Qué puedo hacer?

Gracias

RESPUESTA

Estimado Sr V.M.

Antes de nada comentarle que este caso es realmente complicado y seguramente le van a sancionar sin remedio ya que, los agentes forestales tienen presunción de veracidad en lo que manifiestan. Si allí, in situ, no ha logrado convencerle, no es de esperar que vaya a conseguir convencer al instructor del procedimiento.

Varias cuestiones:

1.- El forestal ve al menor (sin permiso de armas) con un arma en la mano en acción de caza (montería).

2.- Los menores sin permiso de armas no pueden custodiar armas.

3.- Para custodiar un arma no es necesario cogerla (otra cosa hubiera sido que la hubiera tenido en la funda).

4.- El agente forestal tiene el convencimiento de que estaba cazando (es lo que vio al tener el arma en la mano).

5.- La presunción de veracidad va a operar. 

D. Ángel Mª Vadillo
Abogado en Derecho Cinegético

DICIEMBRE 2015

CONSULTA LEGAL – Denuncias ante mallado cinegético

PREGUNTA
Les escribo en nombre de una Agrupación de Cazadores de Asturias. Les pongo en antecedentes: desde hace tiempo estamos teniendo incidentes con el propietario de un CERCADO RURAL enclavado dentro de nuestro coto de caza. Este Cercado está contemplado en el Plan de Caza del Coto, el problema está en que el propietario se declara anti-caza y está empeñado en hacernos la vida imposible. Cada vez que los perros entran, los retienen o graban en vídeo y avisan al SEPRONA que tramitan la denuncia. La Administración, no sabemos por qué, nos dice que ni los perros ni los cazadores pueden entrar. Los cazadores evitamos entrar por todos los medios pero que no entren los perros persiguiendo una pieza es imposible, teniendo en cuenta que sólo existe una cerradura de estacas y alambre de espino como comúnmente se pone para las vacas o los caballos, y tablillas clavadas en algunos árboles. Como cada vez que hay un incidente nos cuesta una denuncia y dinero, lo que queremos saber es si la propiedad tiene alguna obligación de cerrar con una malla cinegética porque les obligue la normativa. En la Consejería, no sabemos por qué, no nos dan ninguna solución, lo único que hacen es dar curso a las denuncias y las multas. A nosotros no nos interesa entrar porque la inmensa mayoría de la finca es pradera y dentro no hay nada que cazar, simplemente, al estar en medio del monte, siempre fue una zona de paso de la fauna silvestre. No sabemos qué normativa tiene que tener un Cercado Rural en Asturias pero nos parece injusta la situación. Gracias

RESPUESTA

Buenas tardes

A falta de algún dato mas, te diré que la Ley 2/89 de Caza en el Principado de Asturias, desarrollada en elDecreto 24/91 que aprueba su reglamento, establece en su artículo 16 lo siguiente:

Artículo 16.

  • Son terrenos cercados y vallados aquellos que se encuentran rodeados materialmente por cercas, vallas, setos o cualquier otro medio, construidos de al forma que no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética
  • La superficie y la forma del cercado deberán evitar los riesgos de endogamia en las especies cinéticas.
  • En los terrenos cercados y vallados el ejercicio de la caza está totalmente prohibido, salvo en supuestos especiales autorizados por el órgano competente en la materia, a petición expresa de sus titulares.
    Si media la petición expresa a la que se refiere el apartado anterior, se podrá autorizar el ejercicio de la caza previa determinación de las siguientes condiciones: a) Número de cazadores habituales en el terreno cercado o vallado. b) Número y especies objeto de caza. c) Plan de aprovechamiento cinegético por temporada de caza. d) Fianza a depositar para responder de los posibles daños de la caza. e) Compromiso expreso de permitir que por el personal técnico de la Administración del Principado se realicen la inspecciones necesarias para el control del ejercicio de la caza y del desarrollo y conservación de las especies.

La infracción se considera de carácter leve con multa de 60 a 300 € (Artículo 43)

En el mismo sentido, se expresa el artículo 35 del Reglamento

Por otro lado, y a pesar de la falta de datos, los artículos 7 de la Ley y del Reglamento vienen a establecer que:

1. Son terrenos de aprovechamiento cinegético común todos los que no están sometidos a régimen cinegético especial y los rurales cercados con accesos practicables que carezcan de señales perfectamente visibles que prohiban la entrada a los mismos (artículo 7.1 de la Ley).

2. La condición de terrenos de aprovechamiento cinegético común es independiente, en todo caso, del carácter público o privado de su propiedad (articulo 7.2 de ta Ley).

3. En Los terrenos de aprovechamiento cinegético común el ejercicio de la caza es libre, sin más Limitaciones que Las fijadas en la Ley, en el presente Reglamento y en las demás disposiciones que se dicten a su amparo.

Sin embargo, en aquellos cercados rurales que tengan prohibida La entrada a Los mismos y estén debidamente señalizados, esta prohibido e l ejercicio de La caza y no habrá lugar a la indemnización por daños a que se refieren los artículos 83 y siguientes de este Reglamento.

Así pues, consideramos que si el vallado tiene acceso practicable y no existen carteles bien visibles que prohiban el paso y el ejercicio de la caza, ésta se puede llevar a cabo. 

Ahora bien, sería deseable contar con mas datos ya que el artículo 38 del Reglamento dispone: Artículo 38.

1. El órgano competente en materia de caza, a quien corresponde la gestión y administración de los terrenos cinéticos sometidos a régimen especial, establecerá un registro de estos terrenos (articulo 8.2 de La Ley).

2. Dicho Registro contendrá los siguientes datos y documentos:

    a) Fecha de constitución y caducidad.

    b) Denominación del terreno.

    c) Concejos que comprende.

    d) Superficie planimétrica medida en Hectáreas.

    e) Titular de la gestión y aprovechamiento, con su domicilio.

    f ) Delimitación de los terrenos en planos del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000. Los Cotos Regionales y los terrenos Cercados y Vallados, además, irán numerados correlativamente a su fecha de declaración.

3. El Registro tiene carácter público y su sede en Oviedo

D. Fernando García Puertas
Abogado Jurídico Cinegético Madrid

NOVIEMBRE 2015

CONSULTA LEGAL – ¿Cazar palomas en cebaderos o comederos es legal?

PREGUNTA
Buenas tardes, mi nombre es Rafael. Mi consulta hace referencia al hecho de cazar la paloma o tórtola en cebaderos/comederos preparados. La comunidad autónoma donde practicamos dicha modalidad es Castilla la Mancha. ¿Es legal hacerlo?
 
RESPUESTA
Para responder cuestiones relacionadas con la caza en Castilla La Mancha hay que tener en cuenta, fundamentalmente, los siguientes textos normativos:

–          La Orden de 17 de julio de 2015, por la que se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general, a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, para la temporada cinegética 2015-2016.
–          La Ley 3/2015, de 15 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.
–          El Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Caza, y que estará en vigor, respecto de aquellas cuestiones que no contradigan la nueva Ley, hasta que se apruebe el nuevo reglamento.

La primera de ellas no refleja comentario alguno, por lo que tenemos que acudir a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento.

Así, el artículo 19 dispone que “para el uso de los medios, métodos o artes empleados en la práctica de la caza, se estará a lo establecido en esta ley y en lo que reglamentariamente se determine”. En su apartado segundo, el artículo expresa que  “no se permitirá el uso de medios de caza que estén expresamente prohibidos por las leyes vigentes, salvo lo establecido en el art. 28 de esta ley.”

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 37.3 del Reglamento de caza.

La primera conclusión que debemos sacar es que el uso de medios que no estén expresamente prohibidos por la Ley deben considerarse permitidos.

El artículo 45 del Reglamento de caza define la caza al paso o en puesto fijo como una modalidad de caza caracterizada porque “el cazador desde un puesto fijo espera a que las piezas pasen por el lugar o acudan a él espontáneamente o por ayuda de cimbeles”.

Debemos advertir pues que no expresa “con ayuda de comida”.

Por otra parte, el artículo 26 de la ley, cuando trata de los medios prohibidos de caza, expone:
“Con carácter general queda prohibido el uso de los siguientes medios de caza y de control de poblaciones:
a) Cualquier medio masivo o no selectivo para la captura de piezas de caza; cepos; todo tipo de cebos, gases, venenos, paralizantes, tranquilizantes, atrayentes o repelentes, explosivos que no formen parte de municiones autorizadas para la caza , aparatos electrocutantes, dispositivos eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir, así como la preparación de cualquiera de ellos, su manipulación o comercio para su uso como medio de caza . Se exceptúan de este hecho los cebos y atrayentes utilizados para la captura de especies cinegéticas depredadoras conforme marcan las órdenes de métodos homologados.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 45 del Reglamento de Caza.

La cuestión es que, en nuestra opinión, cuando este artículo trata el cebo como un medio de caza entendemos que no se refiere al aporte alimenticio, sino a que sea el mismo cebo el que capture al animal (esto se ve bien cuando hablamos de veneno: la carne envenenada captura por si misma al animal).

En apoyo de esta idea está el artículo 29 de la Ley cuando, en su apartado l, dispone que “con el fin de proteger las poblaciones cinegéticas y sin perjuicio del cumplimiento de los preceptos de esta ley y su reglamento, queda prohibido con carácter general:

l) “Cualquier práctica fraudulenta para atraer la caza, no entendiéndose como tal el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de sales, aportados por el titular del aprovechamiento cinegético en las épocas de escasez de agua o alimentos o para evitar la dispersión de las poblaciones cinegéticas , siempre y cuando se realice a distancias superiores a 250 metros con respecto a los límites de los terrenos cinegéticos colindantes y no afecte a especies migratorias en los lugares de paso.”

Tal posibilidad, añadida a que la ley prohíbe expresamente tirar a las palomas en sus bebederos habituales sin mencionar nada de los comederos, nos hacen concluir que no es ilegal disparar en media veda en cebaderos artificiales.

No obstante, como puede observarse, a esta conclusión se llega tras el análisis pormenorizado de un nada claro texto legal (ni para prohibir ni para permitir esta modalidad cinegética la ley es absolutamente clara), por lo que aconsejamos tratar el asunto con los forestales de su zona para evitar sanciones indeseadas que, aunque posteriormente pudieran ser anuladas, generaran quebraderos de cabeza y costes económicos indeseados.

D. Ángel Mª Vadillo
Abogado en Derecho Cinegético

OCTUBRE 2015

CONSULTA LEGAL – Vacunación Antirrábica entre diferentes comunidades

PREGUNTA

Hola tengo una duda que espero que vosotros me podáis resolver. Me han invitado a cazar la menor en un coto distinto al de mi comunidad, que es Castilla y León, donde la obligatoriedad de vacunación antirrábica para los perros es cada dos años,  ¿me podría sancionar los Agentes Forestales o el Seprona por cazar con mi perro ya que en la comunidad donde voy de invitado la obligación de vacunar de la rabia a los perros es anual?.

Muchas gracias de antemano.

Un saludo 

Juan Carlos

RESPUESTA

Estimado Juan Carlos

Para poder responder con mayor precisión a su pregunta tendríamos que saber cual es la Comunidad Autónoma en la que, como invitado, va a cazar. No obstante, trataremos de aclararle sus dudas, aunque sea genéricamente.

En primer lugar debe saber que cada Comunidad Autónoma regula la obligatoriedad y la periodicidad de la vacunación. Así, en algunas Comunidades Autónomas como Asturias o Galicia la vacunación es voluntaria mientras que en otras se establece una obligación anual de vacunación, como por ejemplo en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Madrid, Melilla y Murcia. Finalmente, y salvo error por nuestra parte, en  Castilla y León, Extremadura, Navarra, La Rioja y Valencia, la obigación es bianual.

En líneas generales, las legislaciones autonómicas regulan, en sus primeros artículos, el ámbito de aplicación de éstas normas, expresándose, normalmente, que las mismas se circunscriben al territorio de dicha Comunidad Autónoma (sirva como ejemplo la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, que dispone en su artículo primero que dicha norma se aplicará “dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón”; o la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de Cantabria que, en su artículo 1, dispone lo mismo respecto al “territorio de Cantabria.”.

Nuestra opinión es que, si el perro está registrado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la obligación de su dueño es la de vacunarle cada dos años. Ahora bien, dada la generalidad del texto legal, no podemos asegurar que no existiera una interpretación restrictiva de la norma con la que intentar sancionar el hecho por el que nos pregunta. Nos explicamos: si la Ley se aplica, como dice el texto, en el ámbito del territorio de la comunidad autónoma correspondiente, podría entenderse que se aplica a todas las personas y animales que residan o estén (aún de paso) en esa Comunidad Autónoma. Ello implicaría que las personas que se encuentren en la Comunidad Autónoma deberían cumplir la legislación autonómica de la Comunidad en la que, en ese momento, se hallan. No obstante, como ya hemos dicho, consideramos que la sanción podría ser objeto de recurso (con ciertas garantías de éxito), alegando el cumplimiento de la normativa de la Comunidad Autónoma de residencia.

D. Ángel Mª Vadillo
Abogado en Derecho Cinegético

AGOSTO 2015

RIM LEGAL – ¿Qué hago si el SEPRONA me multa en el puesto?

PREGUNTA

Muy buenas, me llamo Jesús y tengo una duda sobre un caso que me ha ocurrido y que les expongo a continuación.

Fui a una montería organizada por una orgánica que colocó a dos armadas en el cauce de un río con el resultado de la denuncia de 2 armadas por parte del Seprona. Dicha denuncia fue dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quiénes nos piden la cuantía de 400€ por cazar en zona de servidumbre.

He realizado varias alegaciones indicándoles que fue la orgánica quién nos colocó en dichos puestos y que nosotros no somos los responsables de la multa que nos piden, pero ellos siguen alegando que tengo que abonar dicha cantidad de dinero.

Mis preguntas son:

– ¿Soy, como cazador, responsable de cazar en el puesto que me coloca la orgánica ?

– ¿Hay alguna manera de poder quitar o solucionar este problema que tenemos 12 cazadores?

Muchas gracias y espero su respuesta

RESPUESTA

Apreciado Jesús,

Desde Real Ibérica de Monteros agradecemos su consulta.

En relación a la misma, su sensación, a priori,  puede ser acertada, ya que si una orgánica le coloca en un puesto que resulta ser “ilegal”, usted no debería ser responsable de una infracción derivada únicamente de un error de localización del puesto de caza.

El problema es que la Administración es “ciega y sorda”, y no quiere saber del asunto, por lo que arremete contra quien tiene más a tiro: el cazador.

Para darle una respuesta más técnica, y seguramente mucho más acertada, necesitaría tener acceso a la incoación del expediente, propuesta de resolución y/o resolución, si ya existe, y comprobar la motivación que ha llevado a la Administración para imponerle la sanción a Ud., ignorando la evidente responsabilidad de la organización e la montería.

Especulando a falta de tener más datos específicos, la Administración probablemente se amparará en el conocimiento que todo cazador debe tener en relación a los lugares en los que de puede o no se puede cazar, olvidando que no fue usted quien escogió ese sitio y que tampoco podía haberse movido a un lugar “legal” o abandonar el mismo, tanto por resultar una práctica extremadamente peligrosa, como por ser igualmente ilegal, y sujeto a denuncia. En definitiva, un callejón sin salida y una situación muy peliaguda que sólo podía haber eludido, negándose a cazar en aquel lugar y abandonar la montería.

A mi juicio tiene dos posibilidades:

1.- Agotar la vía administrativa y recurrir a la vía judicial que, en este caso, a buen seguro, podría ser algo más comprensiva,  especialmente porque podrá proponer pruebas que la Administración niega sistemáticamente.

2.- Reclamar la cuantía de la sanción a la orgánica como responsable de la infracción, al situar el puesto en una zona prohibida, amistosamente en principio, y en el caso de no llegar a un acuerdo, también judicialmente.

Como siempre, estamos a su disposición.

ABRIL 2015

CONSULTA SOBRE CÓMO DEBE SER UNA AUTORIZACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL TITULAR DE UN COTO PARA CAZAR PERMITIRNOS CAZAR EN ÉL

PREGUNTA

Buenos días, mi nombre es D.C.O. soy Ingeniero de Montes y me dedico a la gestión de fincas. He leído muchas leyes autonómicas de caza, en todas hace referencia a la obligatoriedad de que para cazar hay que estar en posesión de un permiso escrito por por parte del titular del coto. En ninguna de ellas dice que tenga que ser en formato papel, entiendo que podría ser un documento en pdf, foto o cualquier otro medio digital.

Consultando a varios Guardias Civiles, me dicen que si les enseño algo que no esté en papel, probablemente me denunciarían y luego, tendría que arreglármelas “con los de arriba”. 

No sé si podéis arrojar algo de luz al respecto. Gracias

RESPUESTA

Estimado D.C.O.

Efectivamente la mayor parte de las legislaciones autonómicas exigen, para poder cazar en una finca, una autorización escrita por parte del titular del acotado. Lo normal es que la citada autorización sea un documento original en el que consten los datos identificativos del titular del acotado, del coto y del autorizado, así como la fecha en la que se ha autorizado la cacería y la modalidad cinegética y especie autorizada. Constando los citados datos, el formato es indiferente, puede ser un mero folio o lo que comúnmente se llama “tarjeta”.

Expuesto lo anterior, debemos decir que el único documento que hace prueba fehaciente de su autenticidad es el documento original. Ahora bien, entendemos que también tendría valor el documento digital siempre y cuando hubiera sido recibido por algún sistema que asegure su autenticidad (certificado digital…).

Tampoco son infrecuente situaciones en las que el cazador lleva consigo una fotocopia de la autorización. En estos supuestos, entendemos que dependerá de la flexibilidad del agente actuante la formalización o no de la denuncia pero, en cualquier caso, entendemos que la citada denuncia sería recurrible con alto grado de probabilidad de obtener un resultado positivo.

Espero haber podido informarle satisfactoriamente, si necesita ayuda adicional, no dude en pedírnosla a través del mismo correo electrónico al que envió la pregunta.

Un saludo

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en Derecho Cinégetico

MARZO 2015

CONSULTA SOBRE UNA SANCIÓN POR DISPARAR A UN ANIMAL NO PERMITIDO EN MONTERÍA

PREGUNTA:

Buenas tardes, intentando buscar algún caso como el mío he visto la oportunidad de escribirles y saber si me pueden orientar. Hace unos días estuve de montería con tal mala suerte que en un lance difícil, me di cuenta que no había tirado sobre un jabalí sino sobre un muflón, muy lejos de trofeo ni nada por el estilo. El caso es que el animal salió corriendo hasta perderse, de ahí que no siguiera disparando al darme cuenta de qué era.

Una hora después, por las emisoras, avisan que hay un rastro que han seguido los perros, encontrando al muflón. Los rehaleros le cortan la cabeza y deciden esconderla pensando así minimizar el hecho. Lo peor es que el Seprona lo ve todo, por tener a varios efectivos escondidos en diferentes matojos dentro de la mancha que se monteaba y, en la junta de carnes, obligan a sacar la cabeza y la confiscan.

Yo, nunca llegué a ver nada del animal, ni dónde cayó ni dónde tenía el disparo ni nada, pero alguien le dice al Seprona que yo era quien le había matado. Sin acercarse a mí, le dicen a mi pareja que ya nos llamarán para pedirnos datos. Hoy, 5 días después, nos llaman para dar los datos y tramitar la denuncia con las pruebas proporcionadas por personas que dijeron que había sido yo quien le había disparado al animal.

¿Qué hago ahora? ¿Espero a ver qué ponen en la denuncia? Me indigna que me tramiten una denuncia sólo con las pruebas de lo que la gente dice, a sabiendas de que yo sí disparé, que siempre lo he dicho. Reitero, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Podían ellos estar dentro de la mancha? ¿Son esas suficientes pruebas para la sanción? ¿A qué cantidad mas o menos estaríamos exponiéndonos?

Muchas gracias de antemano, me sería muy útil una respuesta.

RESPUESTA:

Buenas tardes,

Soy Óscar Juan Hernández, abogado del departamento legal del RIM y cazador como usted, para su tranquilidad, debo decirle en primer lugar que uno de los principios que imperan en el procedimiento administrativo sancionador de nuestro país es el principio de presunción de inocencia, (Art. 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) de tal forma que es la Administración, y no usted quien tiene que acreditar, sin que exista ningún genero de dudas, la comisión de una acción susceptible de reproche en ese orden. Dicho esto, le advierto igualmente que, infelizmente, asistimos en muchas ocasiones a actuaciones administrativas que vulneran gravemente este principio, y donde se acaban por dictar resoluciones sancionadoras para el administrado en base únicamente a indicios, presunciones, o “sensaciones” del instructor del expediente, por lo que conviene preparar siempre una buena estrategia de defensa.

En el caso que nos ocupa me surgen varias dudas. ¿Realmente tiró usted un muflón? ¿Realmente lo pinchó?, Cuantas veces estamos convencidos de haber abatido un animal y no es así… ¿Qué distancia hay entre el punto en el que, presuntamente, disparó y en el que alguien dice que se lo encontró? ¿Quién siguió ese hipotético rastro y por dónde? ¿Quién le identifica a usted como tirador, los mismos que cortan y esconden la cabeza?…

A priori  considero que se pueden plantear toda una serie de interrogantes y dudas, que en modo alguno enervan la presunción de inocencia que le asiste, pero en cualquier caso, lo más prudente y mi consejo es que espere a recibir la incoación del expediente sancionador, e inmediatamente se persone ante el instructor para obtener copia del mismo, (Art 35 a) y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), de esa forma sabrá exactamente de qué infracción se le acusa, y en base a qué pruebas, pudiendo en ese momento establecer los medios para una defensa eficaz, y si así lo desea, contactarnos nuevamente para efectuar las alegaciones que procedan y que a su derecho pudieran convenir, proponiendo además las pruebas de las que pueda valerse para ello.

Hasta entonces, quedo a su disposición para cualquier esclarecimiento adicional o informaciones sobre éste u otros asuntos.

Le informo igualmente que omitiendo cualquier dato de carácter personal, esta consulta será publicada en la sección correspondiente de la Web del RIM, para que pueda servir de ayuda a cualquier otra persona con un problema similar.

ENERO 2015

CONSULTA SOBRE UNA AGRESIÓN A UN PERRO DE CAZA POR EL PERRO DE OTRO CAZADOR

PREGUNTA

DR: Hola, hace dos semanas me pasó una desgracia cazando. La perra de un cazador atacó brutalmente a la mía, rompiéndole el radio y el cúbito por 4 partes. Antes de que pasara esto, le avisé de mi posición, le pedí por favor que no se acercase hasta en dos ocasiones pero me acorralaron entre una carretera y no tenía salida hasta que su perra le causó esos daños a la mía. La he operado y me he gastado muchísimo dinero aparte de todos los viajes que llevo y no me garantizan que el animal quede bien. He denunciado lo sucedido, contando lo que pasó, pero el dueño de la perra no me va a pagar nada, a no ser que se haga cargo su seguro de caza. Su perra tenía microchip pero no la rabia ni desparasitaciones porque lo he averiguado. Si me pudieseis ayudar con este tema os lo agradecería muchísimo porque no sé muy bien qué debo hacer. Además de la impotencia por todo lo que os he contado, siento muchísima rabia porque cuando pasó todo, siguieron cazando, como si nada hubiese pasado, mientras mi perra se retorcía del dolor. Un saludo y gracias.

RESPUESTA

Apreciado DR,

Mi nombre es Óscar Hernández, soy abogado y colaboro en el departamento legal del RIM.

En primer lugar decirte que en mi condición de cazador, amante de los animales y dueño de varios perros, comprendo perfectamente tu estado, por lo que vamos a hacer todo lo posible para que se solucione tu problema.

Como norma general, nadie está obligado a sufrir -sin consecuencias- un daño ni en su persona ni en sus bienes, incluidos animales, de tal forma que nuestro código protege ese estatus quo y obliga a quien lo produce a repararlo en su integridad. En este caso concreto, el dueño de un perro es responsable de los perjuicios que cause su perro, incluso aunque se le escape o se extravíe. Únicamente en el supuesto de que el daño proviniera por fuerza mayor o fuese culpa tuya, puede eludir dicha responsabilidad, de la que existen dos formas de apuramiento, dependiendo de la forma en la que se haya cometido el daño, y si su comisión supone o no un ilícito criminal: civil y penal.

Si ya has puesto una denuncia has hecho lo correcto, puesto que normalmente es lo mas rápido y mas barato. Habida cuenta que, una vez que pones el hecho en conocimiento de la justicia, pasas a la condición de perjudicado y son los órganos de la justicia los que de oficio, se encargan del asunto sin que necesaria u obligatoriamente tengas que estar representado por abogado y procurador (con lo que ello supone en ahorro y términos de costes).

Tu situación es por tanto independiente de la posición que asuma el seguro del propietario del perro atacante, que en todo caso deberá hacer frente a los daños causados por su animal, esté o no el riesgo cubierto por una póliza de seguro. Es evidente que ese argumento no es en absoluto valido.

El hecho de que el perro agresor tenga o no microchip, vacunas,… ni mejora ni empeora tu caso, únicamente podrá derivar en alguna sanción de tipo administrativo en función de la legislación de la comunidad en la que se encuentre pero no influye especialmente, salvo que se pudiese demostrar que representa un plus de daño, lo que a priori puede ser difícil.

Podría acontecer que el juzgado estime que no concurren los requisitos para estimar responsabilidad criminal en los hechos, y que se archive la denuncia. Esto, aunque te parezca extraño, está dentro de la normalidad porque, salvo que el tipo en cuestión sea un desalmado es de suponer que no tiene los perros entrenados para atacar a perros de otros cazadores, no lleva los perros al monte para atacar otras personas o animales, ni que el hecho de que estuviera suelto durante la montería supone un acto de dejadez, ya que habitualmente se caza así. Es decir, podría entenderse que no hay una conducta dolosa o imprudente que repute un delito o una falta, y por lo tanto procedería el sobreseimiento de la causa.

Eso no significa que quede indemne y libre frente al daño causado, puesto que éste existe, y por lo tanto debe ser reparado. En ese caso, habría que acudir a la vía civil, reclamado los daños causados.

El plazo para ejercitar las acciones es de seis meses en la vía penal y un año en la civil, contados a partir del día del suceso. La interposición de la denuncia que has puesto interrumpe la prescripción, y sólo volverá a contar, a partir de su archivo.

Es importante, con independencia de en qué ámbito se vaya a dilucidar en asunto, que vayas reuniendo todas las pruebas necesarias, tanto para acreditar como para, MUY IMPORTANTE, demostrar el daño causado. En este sentido vale cualquier medio: fotos, informe o atestado del Seprona, PGC, o FSE intervinientes… testigos de los hechos, informe del/los veterinarios que han tratado a tu perra, a ser posible con fotos y haciendo constar tanto los tratamientos realizados,  como los que tienen que aplicarse en el futuro,  y rehabilitación o posibles secuelas, facturas de los tratamientos realizados,... Todo ello debe ser aportado a la causa en la primera ocasión. Si no lo has hecho en el momento de la denuncia, cuando te ratifiques de la misma en el juzgado, o en su caso, si procede, también cuando se presente la demanda civil.

Supongo que tienes perfectamente identificado al dueño del animal y su compañía de seguros, te lo digo porque, aunque en este momento hay que esperar, a partir de tu denuncia, a que la justicia actúe, cabe la posibilidad de realizar una primera reclamación a su aseguradora, e incluso obtener un anticipo a cuenta para los gastos.

Consulta igualmente tu seguro de hogar y exponles el caso. En algunas pólizas existe una cobertura de defensa legal que te permite contratar un abogado hasta unos limites para defender tus derechos.

En cualquier caso, desde el RIM estamos a tu disposición para cualquier esclarecimiento o informaciones que precises sobre éste u otros asuntos.

AGOSTO 2014

CONSULTA SOBRE UNA SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE CAZA

PREGUNTA

AR: Muy buenas. En enero de 2014 nos coge el SEPRONA a un compañero y a mí con las armas enfundadas en el coche. Veníamos de cazar la paloma de un coto cercano. Me denuncian por cazar la paloma en un coto sin permiso del acotado, no poseer licencia de caza en vigor y no poseer seguro obligatorio (“incierto” ya que se puede acreditar con el pago). Me gustaría información para saber qué tengo que hacer. Un saludo. Gracias.

RESPUESTA

Buenos días AR

Su consulta está muy relacionada con la que atendimos la semana pasada aunque hay matices que vamos a intentar responder y aclarar.

  • Lo primero que debemos decirle es que si la denuncia se interpuso en enero de 2014, si no ha recibido ya la notificación de la misma estará a punto de recibirla (usted y su compañero, ya que lo normal es que se hayan tramitado denuncias para los dos).
  • Es muy importante que no se les pasen los días indicados para hacer sus alegaciones, ya que si no las presentan, se pueden complicar bastante los procedimientos.
  • También es muy importante que sus respectivas respuestas y alegaciones estén coordinadas

A la vista de lo que nos expone, le van a denunciar por varias cuestiones (siendo posible, por lo tanto, que reciba varias denuncias: una por cada infracción cometida):

o   Cazar en un terreno acotado sin autorización.

o   No poseer licencia de caza en vigor.

o   No poseer seguro obligatorio en vigor.

A ellas tendrá que añadirle las denuncias que interpongan frente a su compañero.

Las dos primeras tienen un tratamiento similar: si las armas están enfundadas en el maletero no deberían sancionarle. Podrá aportar, además, el permiso del titular del coto, para acreditar que el dueño del mismo sabía que ustedes estaban en su terreno cazando palomas. En este caso, si la licencia estuviera caducada, le sancionarán por este motivo.

Respecto al seguro obligatorio, entendemos que, si disponía del mismo, también podríamos conseguir archivar el expediente sancionador incoado.

Creo que, en su caso particular, le interesa mucho contar con el asesoramiento jurídico necesario, ya que, conocer el procedimiento, o no, puede ser la diferencia entre la existencia de una o varias sanciones económicas significativas (e incluso la privación, por un periodo de tiempo relativamente importante, de la licencia de caza), o el archivo de varios o todos los expedientes sancionadores que le incoen, sin responsabilidad alguna por su parte.

En cualquier caso, debe esperar para ver, finalmente, por qué hechos le denuncian.

Espero haber podido informarle satisfactoriamente y si necesita nuestra ayuda, no dude en decírnosla.

Un saludo

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en Derecho Cinégetico

AGOSTO 2014

CONSULTA SOBRE LA RETIRADA DEL PERMISO DE ARMAS TRAS UNA PRUEBA POSITIVA DE ALCOHOLEMIA

PREGUNTA

Hace unos días, en las fiestas de un pueblo, me hicieron un control de alcoholemia y di positivo. El guardia civil que nos hizo la prueba nos comentó que podía dar lugar al inicio de un expediente penal y, además, que podían retirarme el permiso de armas. No entiendo por qué me lo pueden quitar, ya que no he cometido ninguna infracción de la ley de caza. Quisiera saber si esto es verdad y, si lo es, por qué pueden retirarme el permiso de armas. Gracias

RESPUESTA

Hola

La respuesta es “depende”. Debe saber que la concesión, denegación o revocación del permiso de arma larga rayada (rifle), depende de la Guardia Civil mientras que, la concesión, denegación o revocación del permiso de arma larga lisa (Escopeta), depende de la Delegación de Gobierno.

La concesión, denegación o revocación del permiso de armas para rifle es discrecional. Esto quiere decir que la Guardia Civil tiene libertad para valorar los criterios a tener en cuenta para su concesión, denegación o revocación. Lo que no puede hacer es tener un comportamiento arbitrario que varíe según circunstancias similares, revocándola en unos casos sí y en otros no.

Expuesto lo anterior, le diremos que, amparándose en la discrecionalidad, hay algunas zonas y comunidades autónomas que consideran que el que una persona conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas es incompatible con la tenencia de armas. Otras, por el contrario, no opinan de esa forma. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento es que dependiendo de las instrucciones que haya facilitado el mando supremo de la Guardia Civil de una zona concreta, hay lugares que, ante unos determinados supuestos, están incoando expedientes de revocación de permisos de armas y otros que no.

A nuestro juicio la situación es enormemente injusta e incluso, nos atrevemos a decir, ilegal, ya que el artículo 14 de la Constitución Española establece que “todos los españoles son iguales ante la ley”, premisa absolutamente incierta en este caso concreto.

Por último, queremos también aclararle que no sólo las alcoholemias pueden generar el inicio de un expediente de revocación del permiso de armas, sino también una denuncia de malos tratos, de agresión, de delito contra el medio ambiente, …. etc. puede tener el mismo efecto.

En nuestra opinión, comprendemos que haya circunstancias que justifique la apertura de estos expedientes, pero, en todo caso, deberían respetar el principio a la presunción de inocencia y el principio de igualdad anteriormente señalado. Sobre todo si tenemos en cuenta que los daños ocasionados con la retirada del permiso de armas son de imposible o difícil reparación, lo que debería provocar una mayor flexibilidad y prudencia por parte de la Administración.

Por último, debería saber dos cosas importantes:

  • En el expediente de revocación pueden formularse alegaciones y recursos y, en todo caso, en última instancia, la decisión de la Guardia Civil puede ser revisada por un órgano judicial.
  • En ningún caso debe retirarse el permiso de armas sin que el expediente haya concluido en vía Administrativa. Estamos apreciando que se requiere a los cazadores para que realicen su entrega de inmediato, hecho que rompe, claramente, con la legalidad.

Esperamos que esta información le haya sido útil.

No olvide que estamos a su disposición para defenderle en el caso de que lo requiera.

Un saludo,

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en Derecho Cinégetico

AGOSTO 2014

CONSULTA SOBRE LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE ARMAS CON ANTECEDENTES DE ESTAFA PROCESAL

PREGUNTA

Me denegaron la renovación del permiso de armas por una presunta estafa que ya está archivada. De esto hace ya 5 años, ¿puedo pedir el permiso otra vez? Gracias. Me gustaría poder hablar con ustedes para que me llevarán el caso. 

RESPUESTA

Buenos días

Al estar archivada la estafa, puede volver a solicitar el permiso de armas. Para ello precisamos un testimonio de la resolución por la que se acordó, judicialmente, el archivo del proceso (en él tiene que venir su nombre).

No obstante, como ya hemos indicado en alguna de las consultas atendidas, no podemos olvidar que la Guardia Civil tiene una facultad discrecional para conceder los permisos. Esto es, tiene libertad para fijar los criterios ante los que concede o no concede el permiso de armas, lo que no puede es hacerlo arbitrariamente; es decir, no puede, ante los mismos supuestos, concederlos unas veces y otras no.

Por nuestra parte, consideramos que al haberse archivado el proceso judicial sin condena alguna frente a su persona (y por lo tanto careciendo de antecedentes penales), debería poder solicitar el permiso de armas y la Guardia Civil debería concederlo.

En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para concretarle un presupuesto e iniciar las gestiones precisas y pertinentes para tramitar su solicitud.

Un saludo

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en Derecho Cinégetico

JULIO 2014

CONSULTA  SOBRE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

PREGUNTA

Buenos días. Estoy negociando con el propietario de una finca para arrendársela para la próxima temporada. Me dice que no es necesario que firmemos ningún papel, que con la palabra para él es bastante. ¿Puedo obligarle a firmar un contrato?

RESPUESTA

Va a tener por delante una tarea muy complicada, pero sin duda debe intentar tener un contrato de arrendamiento suscrito. Legalmente puede exigirle la firma ya que, el artículo 1280 del Código Civil exige que consten por escrito todos los contratos que superen el valor de nueve euros 9€.

Eso no quiere decir que, si no lo firmara, el contrato fuera ilegal, ya que también existen los contratos verbales. Esto únicamente es una cuestión de forma.

Creemos que debería intentar firmar el contrato pero no alegando la existencia del artículo citado (úselo como un argumento más), sino “convenciéndole” que el contrato es bueno para todos, ya que así constarán los derechos y obligaciones de ambas partes y no sólo los suyos.

Ante una situación como esta, es muy importante que tenga ese documento, ya que allí constará el precio que ha pagado, la duración del contrato, si el mismo se renueva a su finalización o no, quién puede cazar y cómo, cómo debéis usar las instalaciones de la finca… y un sinfín más de cuestiones que, cuanto más las regulen ustedes, mejor y más seguro será el acuerdo para ambos.

No obstante, no olvide que, desde RIM Legal, por un módico precio y más en su caso, que es socio y tiene un descuento extra, podemos redactar su contrato de arrendamiento rápidamente para evitar sorpresas y malentendidos en el futuro.

Un saludo

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en derecho cinegético

JULIO 2014

CONSULTA SOBRE UNA SANCIÓN DE CAZA

 PREGUNTA

Hace unos días, cuando estaba en mi vehículo recogiendo los trastos, apareció la guardería rural y me sancionó por tener caducada la licencia de caza. No tengo ni idea de cuál puede ser la sanción ni qué es lo que puedo hacer a partir de ahora. ¿Podéis ayudarme?

RESPUESTA

Hola

No tenemos muchos datos, pero con lo que nos ha contado vamos a intentar explicarle algunas cosas.

Lo primero que tiene que saber es que la sanción varía en función de la Comunidad Autónoma en la que se haya cometido la infracción.

El expediente puede concluir con una sanción económica importante y, lo que es peor, con la retirada de la licencia de caza durante un periodo considerable de tiempo. Para concretarle datos necesitaríamos saber la Comunidad Autónoma en la que todo esto ha ocurrido.

El procedimiento ante el que se va a encontrar es el siguiente:

Lo normal es que después del verano la Administración mande a su domicilio una resolución por la que le notifica la apertura del expediente sancionador (en este documento le informarán del mínimo y máximo que le pueden imponer como sanción), concediéndole un plazo de entre 10 y 15 días para que realice alegaciones y proponga prueba. Aunque en algunas ocasiones, la Ley permite formular alegaciones y proponer prueba en otros momentos, sería muy conveniente que no dejara pasar ese plazo.

Después, se practicará el análisis y estudio de las pruebas que haya propuesto, se revisarán sus alegaciones y se dictará una propuesta de resolución en la que, ya sí, deben indicarle, la concreta sanción que, en su caso, proponen imponer.

Contra esa propuesta de resolución cabe interponer un escrito que, tras su revisión, dará lugar a la Resolución del expediente.

Finalmente, tras la interposición de un nuevo recurso, concluye el expediente con la resolución definitiva.

Agotada esta vía, desestimando sus escritos, sólo quedará acudir al Juzgado para anular la Resolución que hayan dictado, que, en todo caso, sería ejecutable de inmediato; aunque puede pedir su suspensión por la vía judicial.

No obstante, por lo que nos cuenta, la sanción que le han puesto al tener la licencia caducada cuando estaba en el vehículo no es del todo lícita. En este sentido, debe tener en consideración que tener la licencia caducada es objeto de sanción si la guardería rural o el SEPRONA le sorprende en acción de caza. Si está en el vehículo, sin acreditarse que estaba cazando, no le pueden sancionar.

Junto a ello, debe saber que la mayor parte de los procedimientos administrativos sancionadores se ganan por los defectos de procedimientos existentes en la forma de emitirlos:  no se realizan bien las notificaciones, no se envían con todos los requisitos legales, no se resuelven en el plazo que la ley concede, …. Por lo tanto, las probabilidades de ganarlo son muy altas.

Si necesita que nos hagamos cargo de su defensa, podemos hacerlo. En su caso, al no ser socio del Club de Caza RIM no dispondrá del descuento para miembros RIM, pero el coste de nuestro asesoramiento es muy asequible. Si se anima, mándenos toda la documentación que tenga a legal@realibericademonteros.com y nos pondremos en contacto personal con usted para darle los primeros consejos.

Un saludo y suerte

D. Ángel Mª Vadillo
Experto en Derecho Cinegético

Mándennos un correo electrónico a legal@realibericademonteros.com si precisan asesoramiento legal. El equipo de abogados cinegéticos del Departamento Legal de Real Ibérica de Monteros, puede representarles y ayudarles a cursar cualquier tema que tengan que afrontar o que esté pendiente de resolución legal.

Estamos a su disposición.